Privatización del agua: encarecimiento
e ineficiencia
A partir del primero de enero de 2017
aumentará hasta....
en 30 por ciento el precio del servicio de agua potable en Baja
California. En el caso de Tijuana, que ya tiene la tarifa más alta del país, el
metro cúbico del líquido empezará a costar 99.50 pesos, y las tarifas subirán
de manera anual y sufrirán actualizaciones mensuales para garantizar
las ganancias de las empresas privadas, que obtendrán concesiones por tres
décadas, prorrogables por un periodo igual. Estas alzas se encuentran incluidas
en la Ley Estatal de Aguas, norma de carácter privatizador propuesta por el
gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y aprobada por los diputados
locales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano.
El caso de Baja
California dista de ser único. Desde la década pasada se vive en el país una
oleada de acciones gubernamentales que, mediante reformas legislativas o de
facto, han privatizado diversos tramos del manejo de los recursos hídricos
a escala municipal o estatal. Entre las experiencias más recientes se encuentra
la de Querétaro, la ciudad con la segunda tarifa más alta del país y donde el
ayuntamiento decidió privatizar durante 25 años los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de líquidos residuales.
También existen significativos procesos de este tipo en Aguascalientes, Cancún,
Guadalajara, Puebla o Ciudad de México –en esta última, son empresas privadas
las que emiten las boletas de cobro por el consumo de agua–, por mencionar
algunos.
Como suele suceder en
los proyectos de privatización de recursos y servicios públicos, las
autoridades y representantes políticos justifican la entrega de los bienes con
la búsqueda de eficiencia y calidad que, aducen, son características de la
iniciativa privada. Sin embargo, la experiencia internacional en la materia ha
demostrado de manera reiterada que el manejo mercantil del agua no resuelve
pendientes básicos, como la distribución equitativa del recurso o las fugas en
la red de tuberías, mientras genera nuevos problemas como el alza desmedida y
arbitraria de las tarifas, despidos masivos de personal, ausencia de
inversiones en infraestructura, riesgos ambientales y cortes de suministro a los
usuarios de bajos recursos. En este sentido, datos del Banco Mundial, promotor
feroz de la política de privatizaciones, muestran que el manejo privado del
agua tiene la tasa más alta de fracaso de todas las experiencias de inversión
privada en infraestructura, además de generar los índices más altos de rechazo
entre la población afectada.
Pero más allá de las
evidencias del fracaso en los experimentos de privatización del recurso, debe
recordarse que el acceso a este líquido es un derecho humano consagrado en la
legislación internacional, por lo que supeditar su provisión al lucro
constituye una violación a las garantías básicas que protegen la vida de las
personas. Revertir la imposición de criterios mercantiles y tecnocráticos en el
manejo del agua y garantizar el acceso universal a ella es no sólo un
imperativo ético, sino una obligación jurídica para el Estado.
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